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Freno a las estafas de los consultores
La Opinión Digital, January 2007
14 de enero de 2007
SACRAMENTO- A partir de este mes, los inmigrantes que recurran a los consultores de inmigración estarán mejor protegidos de posibles fraudes debido a la entrada en vigor de una ley que exige más controles.
El año pasado, con el respaldo de la Fundación de Asistencia Legal Rural de California, la ex asambleista demócrata por Monterey Park, Judy Chu, presentó la iniciativa AB630 para evitar las estafas de los consultores de migración.
La ex legisladora contó a La Opinión que el caso de una firma de consultoría de inmigración en el condado de Orange, la cual defraudó a más de dos mil inmigrantes por más de cuatro millones de dólares, la motivó a presentar el proyecto. Los consultores de Orange prometieron a los inmigrantes arreglarles su estatus legal y conseguirles un permiso para trabajar, pero lo único que lograron fueron órdenes de deportación ya que no reunían los requisitos para los beneficios que estaban solicitando.
El problema empeoró el año pasado, conforme se desarrollaba en el Congreso el debate sobre una reforma de inmigracion, ya que muchos inmigrantes fueron víctimas de fraude cuando algunos consultores de inmigración sin escrúpulos les pidieron dinero en calidad de depósito, pues les hicieron creer que pronto sería aprobado un programa de legalización.
La nueva ley AB630 autoriza a la Secretaría de Estado a emitir una orden de cese a los consultores de migración que violen el requisito del pago de un depósito de garantía. Exige que las personas interesadas en convertirse en consultores de migración sean sometidas a una investigación de sus antecedentes criminales. Asimismo, las autoridades podrán procesar a los consultores que violen la ley hasta cuatro años más tarde.
También exigirá un contrato entre consultor y cliente en el cual se incluirá un apartado que indica que pueden presentar quejas a la Barra Estatal de Abogados y al Departamento de Justicia.
La abogada de inmigración, Pamela Hartman, dijo que la ley de la ex asambleista Chu es un buen comienzo, aunque enfatizó que el problema es más grave. “La cuestión es que no hay una agencia que de seguimiento a las quejas y abusos de estos notarios públicos. Por otra parte, muchas veces ya cometido el daño, es muy difícil reparar legalmente los problemas creados contra los inmigrantes por parte de los consultores de inmigración”, expresó Hartman.
Nelly Reyes, consultora de inmigración desde 1991 en San Francisco, está de acuerdo en las regulaciones, siempre y cuando no se permita que los abogados de inmigración terminen por acabar con los consultores. “Quienes somos consultores de inmigración honestos ejercemos una función que complementa el trabajo de los abogados”. Resaltó que lo importante es que cuando los inmigrantes acudan a un consultor pidan que en los papeles que les ayudan a llenar, estampen su nombre, dirección y teléfono, y al mismo tiempo les pregunten hasta dónde llegan sus servicios.